Muchas voces se han levantado para pedir que se disminuya el financiamiento público a los partidos políticos. Eso implica, desde luego, reformar la Constitución porque las bases generales se han colocado ahí, junto con otras muchas cosas que no tienen nada que hacer en la Ley Fundamental.
Una reforma constitucional requiere necesariamente la aprobación de los partidos políticos.
Aunque el año que entra los 300 distritos uninominales fueran ganados por candidatos sin partido, los partidos políticos tendrían 200 diputados por representación proporcional. Si para reformar la Constitución se requiere del voto de 333 diputados (considerando que todos estén presentes), los diputados sin partido no podrían por ellos mismos alcanzar el quórum de votación requerido y, consecuentemente, no habría reforma.
Claro está que, desde el punto de vista político, eso sería un suicidio de los partidos, porque supondría que no leyeron la voluntad del electorado. Pero desde el punto de vista jurídico sería factible que se aferraran a sus prerrogativas.
Eso supone que el sistema constitucional mexicano no ofrece vías para actualizarse al margen de los partidos. Y un sistema que no permite adaptarse puede conducir a su suplantación.
