En los últimos días se ha hablado mucho de la iniciativa para reformar la Ley de Amparo, una de las leyes más importantes de nuestro país porque regula el juicio que protege a las personas frente a abusos de autoridad. La propuesta ha recibido varias críticas en temas delicados como la suspensión o el interés. Son asuntos que habrá que discutir a fondo.
Pero no todo es eso. Hay un punto que me parece positivo, y sobre el que quiero detenerme: el juicio en línea. Desde hace tiempo he reflexionado del tema junto con mi colega, la doctora Clara Luz Álvarez, y creemos en las ventajas de esta modalidad procesal. Hasta hace poco, iniciar un juicio significaba acudir en persona al tribunal: llevar documentos impresos, esperar largas horas y gastar en traslados. Con el juicio en línea, gran parte de ese proceso se puede hacer por internet: presentar una demanda, enviar escritos, recibir notificaciones e incluso asistir a audiencias virtuales.
Durante la pandemia vimos que esta herramienta fue una necesidad. Muchas personas pudieron defender sus derechos aún con los juzgados cerrados. La tendencia siguió. Como documentamos, el uso de demandas electrónicas creció más de 800% entre 2019 y 2023. La sociedad quiere esta opción.
El juicio en línea ahorra tiempo y dinero. Pensemos en alguien que vive lejos de la ciudad donde está el tribunal: antes debía viajar y pagar viáticos. Con el sistema digital, puede hacerlo desde su computadora. También abre más opciones de defensa: ya no importa contratar a un abogado que viva en la misma ciudad que el tribunal, sino al más preparado, esté donde esté. Y, además, vuelve más transparente la justicia, porque al digitalizar los expedientes se generan datos que permiten ver cómo trabajan los tribunales: cuánto tardan en resolver, cuántas demandas reciben, cuáles son los resultados.
Un punto interesante de la iniciativa es que habla de interoperabilidad. Suena técnico, pero significa algo sencillo: que los sistemas de los distintos tribunales puedan comunicarse con otras instituciones. Pensemos en un juicio llevado ante el Poder Judicial de Tlaxcala, que después es impugnado ante el Poder Judicial de la Federación. Si los sistemas “hablan” entre sí, ese documento puede llegar directamente al tribunal federal. Esto puede hacer que los juicios sean mucho más ágiles y menos burocráticos.
La reforma tiene luces y sombras. Hay puntos polémicos que habrá que debatir con cuidado. Pero en el tema del juicio en línea podemos decir que se trata de un paso en la dirección correcta. Reconocerlo en la Ley de Amparo es apostar por una justicia más cercana, más accesible y moderna. El reto será que este avance no quede sólo en los tribunales federales, sino que también llegue a los poderes judiciales locales. La justicia digital debe ser para todas y todos.
