En las redes sociales podemos ejercer nuestros derechos. Son instrumentos de la libertad de expresión, por hablar del más evidente. Pero también en las redes se pueden violar nuestros derechos. Podría transgredirse nuestro derecho a la honra, por poner un ejemplo. Así pues, se trata de espacios en donde los derechos humanos tienen juego cotidiano.
En las últimas semanas se ha propuesto regular las redes para garantizar la libre difusión de las ideas. Hay quien se ha opuesto aduciendo que una red social, de suyo, no puede censurar porque ese acto es exclusivo del Estado. Sin embargo, la concepción de que las libertades solo son oponibles al Estado parece superada. Hoy se entiende que los derechos tienen eficacia en las relaciones entre particulares. Un empleador privado, por ejemplo, no podría emitir convocatorias laborales discriminatorias, aunque no sea una autoridad, como ha sostenido la jurisprudencia tanto nacional como extranjera.
En el lado opuesto, se afirma que pueden regularse las redes porque usan el espacio radioeléctrico, que es propiedad de la Nación. No me convence este argumento. Me parece que lo fundamental, en todo caso, estriba en la obligación estatal de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos, incluso frente a violaciones por particulares, así como de prevenir la comisión de delitos. Por este motivo es que el Estado intervenir para que une establecimiento mercantil no discrimine, aún cuando no ocupe un bien del dominio público.
Más allá de la facultad de normar las redes, el tema de fondo es la conveniencia o no de hacerlo. Se puede establecer una regulación estatal, como se ha propuesto, o puede dejarse a las redes autorregulen, como hasta ahora. Claro, en el esquema de la autorregulación siempre existe una intervención de las autoridades en tema como protección de datos personales, derechos de autor, ciberbullying o pornografía infantil.
Si bien los temas anteriores son pacíficos hay otros que son bastante delicados, como intervenir en la libertad de expresión, aunque sea para protegerla. Al plantear que un órgano estatal intervenga como garante de este derecho se abre la posibilidad de que el Estado calle a los ciudadanos que tengan opiniones que disientan del gobierno. Es decir, abre la puerta a la censura.
Cierto es que hoy las redes sociales pueden censurar eliminando contendido o cerrando perfiles de alguien que no se ajuste a un determinado modo de pensar. En cierto sentido, las redes son jueces que dirimen conflictos entre la libertad de expresión y otros derechos, como el de la privacidad. Pero que la censura provenga de un órgano del Estado es mucho más grave. Una facultad en este sentido serviría la mesa para que en un futuro llegara un régimen no democrático.
Es un tema bastante complejo, que involucra desde una definición de red social, hasta el cumplimiento de los tratados internacionales que ordenan el libre flujo de la información, pasando por múltiples conflictos entre derechos. Esperamos que haya un debate abierto e inteligente en caso de que la propuesta siga avanzando en los cauces legislativos.
