Desde el punto de vista jurídico, todo lo que está ocurriendo en Nuevo León es bastante sencillo. La Constitución neolonesa es muy clara: si el gobernador pide licencia, el Congreso del estado designa a quien se ocupa interinamente del ejecutivo local. No exige hacer la designación por unanimidad, elegir a alguien de la misma corriente política del gobernador. Así lo ha reconocido la Suprema Corte en una controversia constitucional que está conociendo, al igual que el Tribunal Electoral.
Por tanto, cuando el gobernador Samuel García pidió licencia por seis meses, el Congreso local se la autorizó designó a un interino. Todo conforme a lo establecido en las normas. Lo que debía ser. Sin embargo, al esposo de Mariana Rodríguez no le gustó quien iba a ocupar su despacho por los siguientes seis meses. Por eso ha complicado todo intentando darle una pátina de legalidad a sus caprichos.
Esa apariencia de juridicidad se le quiso dar, en primer lugar, con una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, que suspendió la licencia concedida al gobernador y ordenó que Samuel García continuara como gobernador. Es una decisión contraria a lo resuelto por la Suprema Corte, pero que hace pensar que el Congreso local actuó mal.
En segundo lugar, con un amparo promovido ante un juez laboral de la Ciudad de México. Algo extraño pues, ¿qué hace un juez capitalino en materia del trabajo resolviendo sobre la gobernatura de Nuevo León? Pues ese juez concedió una suspensión para que dejaran sin efecto el nombramiento del interino y designaran por unanimidad alguien afín a Movimiento Ciudadano y, mientras tanto, ocupara provisionalmente el ejecutivo neolonés el secretario de gobierno. Es una suspensión sin fundamento jurídico alguno, como se dijo, pero que permitía cumplir el antojo “fosfo fosfo”.
Con estas dos resoluciones bastante extrañas, dictadas para permitir cumplir el capricho del doctor García, es que se generó el enredo. La Corte y el Tribunal Electoral han decidido en un sentido; pero también hay decisiones en otro rumbo del Poder Judicial de Nuevo León de un juez de distrito de la CDMX.
Samuel García pensaba que podía cumplir con la resolución que más sirviera a sus intereses. Pero no se trata de un buffet, en el que se puede elegir la sentencia que más se antoje. Es evidente que Samuel debe hacerle caso a la Suprema Corte, el máximo tribunal del país. Sin embargo, el doctor no comprende eso, y por eso se ha decantado por hacerle caso al tribunal neolonés y seguir en el cargo. Pero lo ha hecho mal, pues lo decidió motu proprio: por sí y ante sí, sin comunicárselo al Congreso local. Por tanto, la licencia sigue en pie, y no puede ejercer el poder ejecutivo.
El esposo de “la Chavacana Mayor” quiere llevar a Nuevo León a los tiempos del Cisma de Aviñón, la época de los dos papas; al periodo de la Guerra de Reforma, con dos presidentes. Sin embargo, el deseo de Samuel no es la no es la ley. Por el contrario, la ley es el límite a los caprichos de los gobernantes.
El intento de crear una crisis constitucional le pasará factura. Podría quedar fuera de la contienda electoral. Podría estar cometiendo usurpación de funciones porque hay un gobernador interino mientras no dé aviso al Congreso local que se termina su licencia. Podría estar cometido desacato a resoluciones judiciales. Todo por complicar la simplicidad.
