La imparcialidad judicial es un elemento esencial del estado de derecho. Los jueces tienen que ser neutros respecto a los sujetos que participan en un proceso. Este es un derecho fundamental a ser juzgados por un tribunal imparcial (art. 8 de la CADH).
Por ello, las leyes establecen causas de impedimento, es decir, una serie de circunstancias que hacen presumir la parcialidad del juzgador, como son los vínculos de amistad, enemistad o familiaridad con las partes del litigio. De surtirse, los jueces deben excusarse del conocimiento de un asunto.
De acuerdo a la ley, en el famoso caso de Rosario Robles no se surte explícitamente una causa de impedimento para el juez. No se prevé expresamente que el juez deba excusarse si su tío político tiene animadversión por la expareja de una de las partes de un proceso.
Pero en estos casos especialmente mediáticos no podemos estar a legalismos. Ha hecho mucho daño en México esa cultura legaloide. Conductas evidentemente contrarias a la ética no son sancionadas por no encuadrar exacta y precisamente en un supuesto normativo. Muchos funcionarios han actuado mal, porque saben que no acabarán en la cárcel. Me parece que, además de revisar la sancionabilidad jurídica, los funcionarios deben hacer un examen prudencial. Sobre todo, los jueces.
No tengo idea de cuál sea la posición del juez Jesús Delgadillo Padierna. Puede usar el caso para saldar cuentas de su tío político. También puede odiar a su tío René y favorecer a Robles. Incluso también puede actuar con total imparcialidad. Todas las posibilidades caben.
Sin embargo, no era prudente conocer ese asunto por todas las circunstancias. Se juzga penalmente a una exsecretaria de estado. Eso hace mediático el caso. El tío político del juez tiene relevancia pública. Fue desaforado y estuvo encarcelado. Causa de ello fue su relación con la expareja sentimental de la imputada. Hay motivos de sospecha.
Un juez cuya imparcialidad para tomar decisiones en un caso está bajo cuestionamiento, aunque sea infundadamente, no es el mejor para resolver. No le conviene a él. Quedará para siempre marcado. Tampoco le conviene al Poder Judicial de la Federación, que será cuestionado. Ni a la administración de justicia en general, pues perderá confianza ciudadana.
Todo esto era previsible. El juez Delgadillo no se excusó. Su decisión la pudo haber tomado con total apego a derecho. Las siguientes resoluciones, igual. Pero la sospecha quedará. Y la sospecha no le hace bien a nadie. Ni a él ni al gremio judicial. Ni a la Fiscalía General de la República. Ni al combate a la corrupción. Solo le hace bien a Rosario Robles y a su defensa.
