Lamentablemente fueron asesinados Pedro Eliodoro Palma Gutiérrez, Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, los dos últimos religiosos de la Compañía de Jesús. Con eso suman ya 50 sacerdotes ultimados desde el inicio del sexenio de Felipe Calderón, según los datos de Omar Sotelo, del Centro Católico Multimedial. Son 252 los periodistas liquidados desde el 2006. Van cientos de abogados asesinados. Sin distinguir profesión, llevamos en ese lapso cerca de cuatrocientos mil homicidios dolosos.
Son millares de historias arrebatadas criminalmente. Esperanzas apagadas violentamente. En la mayoría de los casos solo queda enjugarse las lágrimas, porque no hay nada después de la sepultura: ni sanción a los responsables ni reparación a las familias. Todo acaba con el último puño de tierra echado sobre el ataúd.
Ante estas cifras, una cosa que me llama la atención es que la Constitución no reconozca expresamente el derecho a la protección de la vida. Ciertamente prohíbe que la vida sea objeto de un decreto de suspensión de derechos, y proscribe la pena de muerte, pero no hay un reconocimiento expreso del derecho, como hacen los tratados internacionales. Además, las tesis de jurisprudencia son realmente pocas, sobre todo tomando en cuenta que México ya ha sido condenado internacionalmente por violaciones a este derecho, como en el caso de Campo Algodonero.
¿Sería buena una reforma que lo reconozca? Sin duda. Aunque eso tampoco acabaría con los homicidios. Muchas veces en este país se cree que las normas tienen un poder performativo, y que por solo cambiar un texto se modifica la realidad, cuando no es así. Pero la propaganda sigue siendo en este sentido. Los spots, por ejemplo, anuncian que un cambio constitucional ha traído la igualdad para las mujeres, cuando en la realidad siguen siendo lamentablemente excluidas. Otro ejemplo es el endurecimiento de penas, que no se ha traducido en una reducción de los delitos.
Más que nuevas reformas, lo que se necesita es acabar la impunidad, cerrando la hueco que existe entre las normas y la realidad. Eso solo es posible, como apuntó la Comisión Interamericana el año pasado, con un pleno acceso a la justicia, que hoy no es ni eficiente ni eficaz.
Cierto es que posiblemente no haya sido el Estado quien ha violentado directamente el derecho al respecto a la vida en muchos casos. Sin embargo, es una obligación estatal prevenir que se vulnere. Además, cuando se ha privado de la vida a alguien, tiene la obligación de investigar, castigar a los responsables y reparar el daño, como ha dicho la Corte Interamericana.
Estos casos no solo se tratan del derecho a la vida, sino que tienen relevancia en la libertad de expresión, como sucede cuando acribillan a periodistas; el derecho a ser votado, como ocurre cuando la víctima; o la libertad religiosa cuando son asesinados sacerdotes, como ocurrió con los dos jesuitas.
